El gobierno venezolano anunció el pasado 2 de junio la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), con el objetivo de clasificar como secreta o restringida información cuya divulgación puede causar efectos negativos para la estabilidad o la seguridad nacional, si el gobierno así lo considera.
De acuerdo con el artículo 9 del decreto oficial 7454, el Cesna podrá declarar "el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento''.
El polémico centro podría estar violando artículos de la Constitución bolivariana, que expresamente prohíben la censura y la restricción al acceso a la información, incluso durante estados de excepción, expresaron expertos consultados.
Para Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización independiente que monitorea la libertad de expresión en Venezuela, el Cesna "puede convertirse en una herramienta que legitime la práctica que ya viene ocurriendo relacionado con que los funcionarios públicos nieguen información, lo cual viola la Constitución''.
El experto afirmó que uno de los principales problemas que se enfrentan con esta medida es quién va a determinar cuales documentos pueden ser considerados confidenciales y cuál es el criterio a usar.
"En el fondo se trata de una medida que reduce el derecho de la sociedad de hacer escrutinio sobre lo público. Porque una persona será quien determine si una información sobre un acto de corrupción o una epidemia es confidencial, con lo cual se puede reducir los espacios de libertad de la sociedad para vigilar lo público'', indicó el experto.
Según Manuel Isidro Molina, ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, la creación del Cesna podría ser utilizada eventualmente para ocultar hechos y circunstancias que muestren el fracaso gubernamental.
"El Cesna puede impedir que el pueblo se entere de los fraudes gigantescos del gobierno al clasificar o limitar la divulgación de información'', argumentó Molina.
La creación del Cesna coincide con crecientes medidas de presión del gobierno sobre medios informativos, especialmente portales en internet y articulistas independientes.
La publicación de un artículo en el portal Noticiero Digital que describía el actual descontento entre los militares y la existencia de un presunto comité de transición cívico-militar fue interpretada por el gobierno como una incitación al golpe de Estado.
El propio Chávez ordenó a la fiscalía general una investigación para establecer los elementos de la supuesta conspiración, y citar al articulista, Roberto Olivares, que reside en Miami.
Según la fiscalía, la investigación se abrió por "incitación al golpe de Estado'', y ‘‘violentar el orden constitucional''.
Sin embargo, para Juan Eduardo Smith, director del portal, la investigación de la fiscalía forma parte de una reacción "cada vez más fuerte en contra de las personas o medios que emiten opiniones contrarias a la visión del mundo del gobierno''.
En otro caso este viernes, un juez del estado Carabobo sentenció a 3 años y 9 meses de prisión al periodista Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño, por hacer críticas a dirigentes chavistas regionales en su popular columna En Secreto.
También el viernes el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Reporteros Gráficos, denunciaron las amenazas que en los últimos días ha recibido el periodista gráfico Yunior Lugo, del diario La Mañana, en el estado Falcón, luego que publicara imágenes de alimentos distribuidos por el gobierno acumulados en vertederos de basura porque se encontraban vencidos.
A pesar de los ataques a la prensa y a medios informativos, el gobierno asegura a nivel internacional que en Venezuela existe "una total libertad de expresión''.
"Son falsas las acusaciones de acoso contra periodistas y medios independientes en Venezuela'', aseguró el jueves en Ginebra el representante de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Germán Mundaraín, durante las deliberaciones de la Comisión de Derechos Humanos.
"Hoy, más que nunca, existe total libertad de expresión en Venezuela, y eso puede ser comprobado día a día'', indicó Mundaraín.
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