La investigaciones ordenadas por el presidente Hugo Chávez sobre las actividades financieras de Ricardo Fernández Barruecos fueron resumidas en un informe de 47 páginas de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) el pasado febrero, al cual tuvo acceso El Nuevo Herald.
Las averiguaciones de la DISIP pusieron de relieve las complejas redes financieras y de empresas dentro y fuera de Venezuela, creadas por un grupo de asesores vinculados a Fernández.
Las claves de estas redes fueron descubiertas durante un allanamiento a una oficina del Banco Confederado adquirido por Fernández en junio del 2008.
Los funcionarios encontraron documentos de más de una decena de empresas en las que aparecían directivos de firmas y entidades bancarias de Fernández. También había una lista de 53 empresas a las cuales los bancos Confederado, Bolívar y Banpro "les concedieron créditos millonarios sin exigencia de garantías'', según el informe.
Se identificaron las tres grandes columnas vertebrales del imperio de Fernández, a través de las cuales llevó a cabo lo que califica como una "centrífuga de dinero'': el grupo ProPro, el Grupo Estratégico y el grupo Fernández.
Para obtener préstamos de sus bancos, Fernández utilizó 31 empresas del grupo ProPro, otras 31 firmas del grupo Estratégico, y 15 del grupo Fernández.
Según el informe, las operaciones tuvieron el objeto de generar ganancias ilícitas para los miembros de las juntas directivas de los tres bancos señalados.
Las operaciones fueron posibles "mediante la obtención de créditos concedidos por dichos bancos a diferentes empresas creadas por ellos mismos a través de interpuestas personas'', con créditos cancelados con otros créditos en un esquema de "simulación cada vez es mayor''.
Los analistas de inteligencia indicaron además que se trató de operaciones de "alto riesgo'', y que los recursos bancarios utilizados en estas transacciones, provenientes de los depositantes, "en su gran mayoría son irrecuperables''. En total, las tres instituciones comprometieron unos $340 millones, indicó el reporte de la DISIP.
Luego de la detención indefinida de Fernández, el 20 de noviembre, comenzó la virtual nacionalización del conglomerado de empresas que dirigía.
El 10 de diciembre, Chávez anunció la toma de todos los bienes pertenecientes a los banqueros involucrados en irregularidades, comenzando por Fernández.
Chávez designó a un general de la Guardia Nacional para dirigir las acciones de ocupación, que podrían tomar meses.
De hecho, el gobierno comenzó a ocupar las empresas de Fernández desde el 4 de diciembre. Entre las empresas que fueron ocupadas está Venearroz, en el estado Guárico, en los llanos centrales; la atunera Fextun en el estado Sucre, en la costa oriental venezolana; una hacienda de 15,000 hectáreas en el estado Apure; y 700 camiones de la Almacenadora y Transporte Cerealero (ATC), con varios centros operativos en el país, y que se encargaba de la distribución de provisiones para el programa oficial de subsidio de alimentos Mercal.
Chávez dijo que los barcos de Fextun serán incorporados a la nueva Empresa Mixta Pesquera, que funcionará dentro del acuerdo de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
Durante una alocución del programa Aló, Presidente del domingo 6 de diciembre, Chávez divulgó una lista de las empresas de Fernández sobre que tenía interés en ocupar. Entre ellas la Corporación Agropecuaria Integrada C.A. (Caica), la Industria Venezolana Maizera (Proarepa), Pronutricos, Almacenes y Transporte Cerealero (ATC), 40 por ciento de las acciones de Monaca, Productos y Financiamientos Agrícolas C.A. (Profinca), Venarroz, la Fábrica de Exquisiteces de Atún (Fextun), Inversiones Majaguas y Gamaven.
Fuente: El Nuevo Herald.
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