WASHINGTON -- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el martes que denunció al gobierno venezolano ante la Corte Interamericana que vigila esos derechos (Corte IDH) por no proteger efectivamente a una familia que ha sufrido el asesinato de cinco miembros.
"El Estado (venezolano) no dispuso medidas efectivas de protección y a la fecha varios miembros de la familia Barrios continúan sometidos a una situación de riesgo y desprotección", señala el comunicado de prensa emitido el martes por la CIDH.
"La mayoría de los hechos violatorios a la vida e integridad personal de las víctimas ocurrieron cuando los órganos del sistema interamericano ya habían solicitado la protección de la familia Barrios a través de los mecanismos de medidas cautelares o de medidas provisionales", agregó la CIDH sobre el caso, presentado el 26 de julio ante la Corte IDH.
Según el documento, la persecución de policías del estado central de Aragua provocó la muerte de cinco miembros de la familia Barrios, incluyendo un niño.
La Corte IDH resolvió en febrero mantener las medidas provisionales vigentes desde el 2004 para proteger a unos 30 integrantes de la familia Barrios.
Francisco Quintana, subdirector para la región andina de la organización no gubernamental Cejil, calificó el caso Barrios como "trascendental" porque "permitirá a la Corte por primera vez analizar la situación de ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos de seguridad en Venezuela".
Un reporte especial que la CIDH emitió en diciembre del 2009 señala que, pese a que el Estado venezolano se negó a aportar la cifra anual de muertes en enfrentamientos con la policía durante los últimos cinco años, sí ínformó que "en el año 2008 ocurrieron 509 homicidios en el marco de enfrentamientos o ajusticiamientos".
Quintana dijo a la AP que tras ocho años de litigio, el expediente de este caso permanece confidencial para proteger a la familia Barrios, cuyo último miembro fue asesinado en noviembre del 2009.
Al representar a la familia Barrios ante la CIDH y ante la Corte IDH, Cejil busca "que se haga justicia para la familia, que el Estado le otorgue una reparación y aún más importante, que se produzca un cambio en la legislación venezolana para acabar con la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales", según Quintana.
El abogado explicó que la Corte IDH suele tardar año y medio en emitir un fallo, después de que ambas partes presenten sus argumentos por escrito y se celebre una audiencia pública en San José, Costa Rica.
Un comunicado de prensa emitido por Cejil en febrero señaló que la familia Barrios ha sido víctima de intimidación y acoso desde que varios de sus integrantes "denunciaron la muerte de Narciso Barrios, ocurrida el 11 de diciembre de 2004 a manos de presuntos policías".
"Ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la Policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa, en el estado Aragua. Sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias", agregó la nota de prensa.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"El Estado (venezolano) no dispuso medidas efectivas de protección y a la fecha varios miembros de la familia Barrios continúan sometidos a una situación de riesgo y desprotección", señala el comunicado de prensa emitido el martes por la CIDH.
"La mayoría de los hechos violatorios a la vida e integridad personal de las víctimas ocurrieron cuando los órganos del sistema interamericano ya habían solicitado la protección de la familia Barrios a través de los mecanismos de medidas cautelares o de medidas provisionales", agregó la CIDH sobre el caso, presentado el 26 de julio ante la Corte IDH.
Según el documento, la persecución de policías del estado central de Aragua provocó la muerte de cinco miembros de la familia Barrios, incluyendo un niño.
La Corte IDH resolvió en febrero mantener las medidas provisionales vigentes desde el 2004 para proteger a unos 30 integrantes de la familia Barrios.
Francisco Quintana, subdirector para la región andina de la organización no gubernamental Cejil, calificó el caso Barrios como "trascendental" porque "permitirá a la Corte por primera vez analizar la situación de ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos de seguridad en Venezuela".
Un reporte especial que la CIDH emitió en diciembre del 2009 señala que, pese a que el Estado venezolano se negó a aportar la cifra anual de muertes en enfrentamientos con la policía durante los últimos cinco años, sí ínformó que "en el año 2008 ocurrieron 509 homicidios en el marco de enfrentamientos o ajusticiamientos".
Quintana dijo a la AP que tras ocho años de litigio, el expediente de este caso permanece confidencial para proteger a la familia Barrios, cuyo último miembro fue asesinado en noviembre del 2009.
Al representar a la familia Barrios ante la CIDH y ante la Corte IDH, Cejil busca "que se haga justicia para la familia, que el Estado le otorgue una reparación y aún más importante, que se produzca un cambio en la legislación venezolana para acabar con la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales", según Quintana.
El abogado explicó que la Corte IDH suele tardar año y medio en emitir un fallo, después de que ambas partes presenten sus argumentos por escrito y se celebre una audiencia pública en San José, Costa Rica.
Un comunicado de prensa emitido por Cejil en febrero señaló que la familia Barrios ha sido víctima de intimidación y acoso desde que varios de sus integrantes "denunciaron la muerte de Narciso Barrios, ocurrida el 11 de diciembre de 2004 a manos de presuntos policías".
"Ha quedado en evidencia la participación de funcionarios de la Policía adscritos a las Comisarías del pueblo de Guanayen y de Barbacoa, en el estado Aragua. Sin embargo, los funcionarios sospechosos de participar en los crímenes continúan trabajando en esas dependencias", agregó la nota de prensa.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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