En un nuevo capítulo de la pugna entre los medios y el gobierno, un tribunal local emitió en la víspera una medida cautelar en la que se prohibe a todos los diarios publicar en las próximas cuatro semanas, que coinciden con la campaña para las elecciones legislativas, imágenes de tipo "violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no".
La decisión, que inicialmente se aplicó al diario local El Nacional por difundir en primera plana una fotografía de un grupo de cadáveres aglomerados en la morgue capitalina, se extendió a todos los periódicos, revistas y semanarios del país para "proteger" a los menores y la colectividad en general, indicó el miércoles Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo.
En el caso de El Nacional se le prohibió publicar "imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra", y se le anunció la posible aplicación de una millonaria multa.
El tribunal ordenó la medida contra los medios por solicitud de la Defensoría del Pueblo y una organización pro oficialista que denunciaron que la polémica imagen que utilizó El Nacional en su edición del pasado 13 de agosto para ilustrar un reportaje de criminalidad, violó una ley de protección a los menores.
"El país pide respeto", dijo el miércoles el presidente Hugo Chávez en alusión a las protestas que realizaron en la víspera algunos grupos oficialistas contra El Nacional, y acusó a los medios locales y canales internacionales de recurrir a "la grosería, el atropello, la manipulación, la pornografía" para afectar la imagen de su gobierno.
Chávez indicó a la televisora estatal, en una transmisión desde el palacio presidencial, que los medios y a la "burguesía" recurren al "desespero" porque pretenden "frenar la revolución bolivariana".
En cumplimiento del fallo del tribunal, El Nacional, fuerte crítico del gobierno, sacó el miércoles en blanco algunos espacios de su primera plana y las páginas de sucesos donde sólo colocaron la palabra "censurado".
El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó que en atención a la decisión debió suprimir todas las informaciones y fotografías relacionadas con delincuencia, y dijo a la prensa que la prohibición "no es otra cosa que una violación a la Constitución y la libertad de expresión".
Horas después, Otero denunció que miembros de la policía judicial acudieron la tarde del miércoles a la sede del diario para inspeccionar la cámara que se utilizó para registrar la polémica foto de la morgue que fue tomada en diciembre pasado.
David Natera, presidente del Bloque de Prensa - organización que agrupa a los dueños de los principales diarios del país-, afirmó que la decisión del tribunal responde a "actos políticos", y responsabilizó directamente a Chávez de promover la medida para tratar de "ocultar" la creciente criminalidad que azota al país de cara a las elecciones legislativas del 26 de septiembre.
"La decisión del tribunal responde absolutamente a la voluntad del jefe de Estado", señaló Natera, director del diario regional Correo del Caroní, al asegurar que "las instancias de la justicia están absolutamente controladas por Chávez".
La delincuencia es considerada como el principal problema que agobia a los venezolanos, según señalan las principales encuestas.
Natera, quien también se desempeña como vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo a la AP que el Bloque de Prensa se reunirá el jueves de emergencia para analizar los alcances de la prohibición y evaluar la posibilidad de acudir a instancias internacionales para denunciar el hecho.
Los gremios locales de periodistas y organizaciones internacionales condenaron el miércoles la decisión considerándola como una "escalada de represión judicial contra las libertades de expresión".
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, rechazó en un comunicado la acción contra los medios venezolanos, y dijo que es "un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales".
Asimismo, el jefe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director editorial del San Antonio Express-News de Texas, afirmó que "estamos frente a un duro golpe a la libertad de prensa, y viviendo un clima de incertidumbre total".
La SIP también condenó la decisión que tomó en la víspera el Tribunal Supremo de Justicia que aprobó la solicitud de extradición de los Estados Unidos del presidente del canal local de noticias Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien es procesado por el almacenamiento de un lote de vehículos en una de sus propiedades.
Zuloaga, quien se considera un "perseguido político", dijo en junio pasado que no retornaría al país porque teme ser juzgado sin un debido proceso.
Chávez ha mantenido en su once años y medio de mandato tirantes relaciones con los principales medios del país a los que ha acusado de difundir "mentiras" para afectar la imagen de su gobierno.
Fuente: AP
No hay comentarios:
Publicar un comentario