Diego Arria es uno de los hombres más conocidos de Venezuela y un gran símbolo del establecimiento político y económico. En su país se ha desempeñado como gobernador de Caracas, congresista, ministro de Información y Turismo e incluso fue candidato presidencial en las elecciones de 1978.
Después, como diplomático, representó a Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, fue consejero especial del Secretario General y presidente del Consejo de Seguridad, donde instauró en 1992 la 'Fórmula Arria', un arreglo que permite a este ente mayor flexibilidad para hacer consultas informales. Gracias a esa trayectoria está en la junta directiva de prestigiosos centros de pensamiento internacionales.
Hace apenas dos semanas el presidente Hugo Chávez decidió expropiarle a Arria las 370 hectáreas de su finca La Carolina, en el estado Yaracuy, considerada por muchos como un ejemplo de desarrollo agropecuario por su productividad, y de buen gusto por la belleza de su casa colonial. Según el gobierno bolivariano, la hacienda carece de los títulos de propiedad correspondientes.
Arria, quien desde hace años reside en Nueva York y estaba retirado de la política, decidió enfrentar esta situación con la misma pasión y tenacidad de las batallas que libró en el pasado. De entrada, la califica como una vendetta política que nada tiene que ver con una reforma agraria, y lamentó que el Presidente utilizará para sus fines propagandísticos a "niños inocentes de la maldad que cometen sus padres que como buenos malandros no les importa enseñarles cómo se saquea y roba lo ajeno".
Según cuenta, el primero de mayo 10 funcionarios armados sometieron a la administradora. Acto seguido, fueron a buscarlo al cuarto, donde no lo encontraron, y uno se tiró a la cama y habló de todo lo que Chávez iba a gozar cuando llegara a la finca. Después, delante de los abogados, uno de los funcionarios sacó la pistola y dijo: "Aquí sobran balas". Otro le contestó, en tono amenazante:"No pongas los dedos sobre las balas porque vas a dejar huellas".
El diplomático argumenta que Chávez, con sus palabras, ha confirmado que la apropiación indebida de su finca se debe única y exclusivamente a una decisión política, que considera un asalto a mano armada, sin ningún asidero legal, que viola el debido proceso.
Y le soltó esta frase desafiante: "El teniente coronel no tiene necesidad de retarme a que lo tumbe: le regalo la finca para que se retire allí, siempre y cuando nos devuelva el país y la paz a los venezolanos". Y va más allá. "No tengo la más mínima duda de que más temprano que tarde Chávez será objeto de sumo interés para la justicia internacional y en particular para instancias que me son familiares por ser yo uno de sus más reconocidos promotores", remató. De hecho, es diciente que la expropiación llegó pocos días después de que Arria planteó esas mismas tesis en un foro internacional sobre la libertad, que tuvo lugar en Oslo, Noruega.
En varias entrevistas ha comparado a Chávez con los dictadores a los que este último ha llamado "hermanos", como el iraquí Saddam Hussein, el libio Muhammar Gaddafi y el zimbabuense Robert Mugabe. También con el serbio Slobodan Milosevic, al que Arria conoce bien pues durante su tiempo en la ONU tuvo que enfrentar la crisis en la ex Yugoslavia y después fue testigo en el juicio contra 'el Carnicero de los Balcanes'. En su opinión, Chávez es "un prontuario ambulante" para las cortes internacionales.
Además, asegura que se ha propuesto crear una asociación de afectados por las expropiaciones del gobierno, que tendría más de 300 miembros.
El de La Carolina no es un caso aislado, pues el gobierno, según sus propias cuentas, ha tomado más de dos millones de hectáreas baldías, improductivas, subexplotadas o cuya propiedad no se puede comprobar. Pero este se perfila como uno emblemático en la ofensiva que Chávez ha emprendido contra empresarios y opositores. Para empezar, el argumento de la falta de productividad no convence. Aunque Chávez dijo que allí solo había "un ganado que se estaba muriendo de hambre", se trata de una propiedad con cerca de 300 vacas que producía 2.500 litros diarios de leche y empleaba a unos 40 venezolanos.
De ahí que esgrimieran el argumento de que la propiedad no estaba registrada, aunque Arria la adquirió hace 21 años por 300.000 dólares y dice tener documentos para comprobarlo. De hecho, la casa principal fue construida en 1852, aunque el diplomático la remodeló y le encargó decorarla al famoso diseñador colombiano Juan Montoya, con tanto éxito que apareció en Arquitectural Digest, una de las biblias en la materia.
El vicepresidente venezolano, Elías Jaua, quien ha dicho que Arria es "un agente de la derecha internacional", advirtió que también investigarán el origen de esos 300.000 dólares. Una frase que suena a amenaza en medio de la creciente persecución a opositores o disidentes emblemáticos. Por citar solo tres ejemplos, el ex ministro de Defensa Raúl Baduel fue condenado recientemente a ocho años de prisión por un caso de corrupción, el ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz estuvo dos meses detenido por emitir opiniones críticas en un programa de televisión y el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue acusado de vilipendiar al Presidente en una cumbre de periodistas.
La Carolina y Diego Arria, con toda la tradición y simbolismo que entrañan, se han convertido en una muestra más de la arbitrariedad de la Revolución Bolivariana. La única seguridad jurídica que existe hoy en Venezuela es que el país aún no ha tocado fondo y su futuro es cada vez más incierto.
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