El Congreso de Venezuela aprobó este año varias leyes que, según la oposición, favorecen al ``socialismo del siglo XXI'' del presidente Hugo Chávez en una carrera hacia las elecciones parlamentarias que podrían marcar el retorno de la oposición al Legislativo.
En un parlamento de 167 miembros, compuesto en su gran mayoría por oficialistas, las leyes o reformas son aprobadas en tiempo récord tras breves debates, ante la impotencia de una docena de diputados opositores.
El propio Chávez interviene frecuentemente proponiendo leyes y exhortando a los diputados de su Partido Socialista Unido a acelerar su aprobación antes de los comicios de septiembre.
La oposición venezolana asegura que esta carrera que calificó de ``legislación express'' no es más que una ``lamentable estrategia'' ante el temor del chavismo a perder la mayoría parlamentaria.
``No sólo vamos a volver; sin ninguna duda tienen mucho temor de perder la mayoría parlamentaria'', señaló el candidato Alfonso Marquina en entrevista.
``Será una tarea muy grande revertir estas leyes y restablecer el orden constitucional. Ejerceremos el control y el contrapeso democrático que debe tener un congreso'', añadió Alfonso Marquina.
La oposición aspira a obtener 83 curules, los cuales son necesarios para lograr una mayoría simple que le permita obstaculizar la agenda oficialista. Este bloque está ausente del congreso después que en el 2005 decidiera boicotear las elecciones legislativas denunciando la falta de garantías democráticas del proceso.
La semana pasada, la Asamblea sancionó en 48 horas una reforma que otorgó al Banco Central el control de todas las operaciones cambiarias en el país y restringió la participación de las casas de bolsa, a las que Chávez acusa de especular.
Las leyes aprobadas recientemente fortalecieron el papel de una comisión de planificación que elaborará ``el mapa central de la estructura económica nacional'', dieron más facultades al Estado para expropiar bienes y servicios y privilegiaron el financiamiento bancario para iniciativas de las comunas.
Otra ley facultó al presidente a crear ``distritos de desarrollo'' que recibirán recursos para ``facilitar la transición al socialismo'' y promovió la transferencia de competencias de gobernadores y alcaldes a unos consejos comunales, paralelos a los gobiernos locales.
``Se avanza en una idea de que la propiedad será fundamentada en la propiedad social, o sea estatizada, que tendrá que acatar lo que establezca el sistema central de planificación'', señaló el abogado constitucionalista Enrique Sánchez, crítico de Chávez.
Por su parte, el diputado oficialista Ricardo Sanguino expresó recientemente que ``debemos acostumbrarnos a aprobar las leyes que requiere la revolución''.
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