La ola de expropiaciones ordenada en los últimos días por el gobierno del presidente Hugo Chávez empeorará el desempeño de la ya alicaída economía venezolana, y podría agravar la crisis de suministros en el país, advirtieron expertos.
El domingo Chávez anunció la intervención de 80 empresas pertenecientes a banqueros actualmente procesados por irregularidades financieras. El lunes, funcionarios gubernamentales anunciaron la ocupación inmediata de 18 empresas distribuidoras de alimentos en el área metropolitana de Caracas.
Las recientes intervenciones de empresas se suman a las expropiaciones de una decena de estaciones de gasolina, y a cientos de miles de hectáreas de fincas y haciendas a lo largo del país.
La ofensiva contra el sector privado ha creado un ambiente de inseguridad entre inversionistas y está afectando la economía nacional, dijeron economistas.
``Estamos en presencia de un plan deliberado de ir reduciendo gradualmente al sector privado, y esto puede agudizar el deterioro de la economía, que ya está en niveles críticos'', dijo a El Nuevo Herald el economista Orlando Ochoa, académico de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Caracas.
De acuerdo con el experto, a diferencia de las primeras expropiaciones masivas en el 2007, que fueron compensadas monetariamente, ``el gobierno está ahora confiscando propiedades y negocios sin pagar porque no tiene dinero para compensar''.
Las consecuencias negativas de las expropiaciones se suman a los efectos recesivos de factores como el bajo nivel de reservas internacionales, la caída del ingreso petrolero, el control de divisas para importaciones, y una política económica centralizadora que está reduciendo el aparato productivo privado, explicó Ochoa.
Desde el 2007 Chávez ha ordenado estatizaciones en los sectores agrícola, petrolero, de telecomunicaciones, eléctrico, cementero, bancario, siderúrgico y de alimentos, como parte de su estrategia para implantar una economía socialista en Venezuela.
Luego de casi tres años de estatizaciones, de acuerdo con cifras oficiales, el gobierno ahora controla la totalidad de las industrias petrolera, eléctrica y cementera, tres cuartas partes de la producción de café, 42 por ciento de maíz, 40 por ciento de arroz, 25 por ciento de aceite y leche, y 52 por ciento de la producción nacional de azúcar.
En una señal de que busca ampliar su ofensiva contra el sector privado de alimentos, Chávez ha reiterado sus amenazas contra el grupo de empresas Polar, propiedad del magnate Lorenzo Mendoza, el mayor productor de alimentos en Venezuela.
El grupo Polar produce la popular Harina Pan, un ingrediente indispensable en la dieta de los venezolanos; y fabrica y distribuye bebidas como Pepsi-Cola y Gatorade.
``La guerra económica declarada por el presidente Chávez al sector privado no está ayudando a superar la recesión económica del país'', opinó José Guerra, profesor de economía de la Universidad Central de Venezuela.
Guerra dijo que el principal problema que enfrenta el gobierno es la escasa disponibilidad de dólares para atender la demanda de divisas y estabilizar el precio de la moneda americana para detener una escalada inflacionaria, en una economía que importa más del 60 por ciento de lo que consume.
``El punto crítico está en que el mercado paralelo requiere al menos $80 millones diarios para que el precio del dólar se pueda estabilizar y hoy no se cuenta con ese monto por la simple y sencilla razón de que el gobierno, en lugar de ahorrar, despilfarró'', cuestionó Guerra.
Jesús Casique, economista de la UCAB, advirtió ayer durante un foro organizado por la Alcaldía Mayor de Caracas, de que el acoso contra el sector privado se está reflejando en factores cruciales como inflación y desempleo.
La inflación acumulada hasta ahora desde que Chávez llegó al poder en febrero de 1999 se aproxima al 800 por ciento, mientras que sectores claves del sector privado que generan empleo como la industria manufacturera y el comercio, están ``atravesando un entorno extremadamente difícil''.
``El sector manufacturero tiene cinco trimestres desacelerándose y el sector comercio tiene cuatro trimestres en desaceleración. Entonces hay una preocupación generalizada en la población a raíz del desempleo, la pobreza, la descomposición social que atraviesa Venezuela'', apuntó Casique.
La salida de 105 contratistas privados en el sector petrolero está provocando pérdidas de más de $700 millones mensuales sólo en el estado Zulia, el mayor estado productor de crudo del país, aseguró en un reciente informe Néstor Borjas, presidente regional de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).
``Hay un deterioro de todas las instalaciones petroleras en el Lago de Maracaibo, ya que el mantenimiento y todo lo que tiene que ver con el proceso de perforación ha venido en franco deterioro'', dijo Borjas, según el reporte oficial de Fedecámaras.
La ofensiva contra el sector empresarial se produce en medio de un escándalo por el descubrimiento de decenas de miles de toneladas de alimentos descompuestos.
Fuente: El Nuevo Herald
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