CARACAS -- El presidente del canal de noticias Globovisión, Guillermo Zuloaga, descartó el lunes que se vaya a presentar ante la justicia, y denunció que la orden de captura que emitió un tribunal en contra de él y su hijo responde a una "persecución del gobierno de Hugo Chávez".
"Con mi entrega no le hago ningún favor al país", dijo Zuloaga en declaraciones difundidas por Globovisión, descartando que se vaya presentar ante el tribunal que el viernes ordenó su detención para procesarlo por el caso de un lote de vehículos que fueron encontrados almacenados en una de sus propiedades en mayo del 2009.
"Globovisión y mi persona hemos sido nuevamente atacados vilmente por el gobierno con el único fin de tratar de callar nuestra pantalla y que no denunciemos todos los problemas y angustias de los venezolanos", indicó el mayor accionista del único canal privado crítico del gobierno.
Zuloaga afirmó que "no es casualidad" que Chávez se haya referido a él recientemente en una cadena de radio y televisión, y que poco después "la Fiscalía y tribunales impongan un castigo inmediato sin que ni siquiera haya mediado un juicio alguno".
El empresario insistió en que no es culpable de los delitos de "usura genérica" y "agavillamiento" que le imputó la Fiscalía General a él y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso, y dijo que las autoridades han sido "incapaces de demostrar el carácter delictivo de los hechos que nos quieren imputar".
Agregó que el proceso en su contra responde a una "persecución del gobierno de Hugo Chávez" y una "venganza presidencial (que se) convierte en una orden de encarcelación".
El directivo descartó que la intervención del Banco Federal, del cual es presidente un accionista minoritario de Globovisión, pueda afectar al canal, y dijo que el medio es una "empresa totalmente independiente" del grupo financiero.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, negó la semana pasada que existan motivaciones políticas en el caso de Zuloaga, y dijo que su orden de detención está relacionada con una investigación pendiente por el presunto delito de "almacenamiento irregular" de 24 vehículos.
El proceso, que tenía seis meses paralizado, se reactivó una semana después que Chávez se quejó, durante un discurso televisivo, de la supuesta impunidad en el caso.
"A ese señor (Zuloaga) se le agarró en su casa un bojote (un gran número) de carros y ése es un delito, acaparamiento. Y anda suelto y tiene un canal de televisión", comentó el gobernante.
"¿Tú te das cuenta? Tiene un canal de televisión y por ahí dicen lo que les da la gana. Y sigue siendo ese canal la punta de lanza de la burguesía, vamos a ver quién aguanta más", agregó.
Zuloaga se encuentra bajo libertad provisional a la espera de juicio por varias causas. En abril la Fiscalía presentó cargos penales contra él por emitir una "información falsa" y ofender al mandatario en una reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Aruba.
El empresario tiene además un proceso pendiente por coleccionar animales disecados.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciónes (Conatel) y la Fiscalía tienen pendiente de decisión unos seis procesos contra Globovisión por presuntas violaciones a las leyes del sector radioeléctrico.
El presidente del Banco Federal, Nelson Mezerhane, denunció el lunes que la intervención de la institución financiera respondió a "un programa premeditado, manejado para ir asfixiando a los empresarios que estamos y que hemos sido cofundadores de Globovisión".
Los procesos emprendidos contra Zuolaga y Globovisión han suscitado la preocupación de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y grupos de derechos humanos.
El vocero del Departamento del Estado, Philip Crowley, expresó el lunes inquietud por el caso de Zuloaga, y dijo a la prensa que las autoridades estadounidenses "estamos seriamente preocupados por la orden de arresto" contra el empresario.
"Este es el último ejemplo del ataque continuado del gobierno de Venezuela a la libertad de expresión", comentó Crowley al solicitar al gobierno de Chávez que honre la Carta Democrática Interamericana en lo referente a los derechos humanos y la libertad de expresión.
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